Hay una imagen que define lo que debería ser la ley
en una república: una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza. Esa
venda existe para garantizar que no importa quién seas, cuánto poder tengas o a
quién conozcas; el peso de tus actos será medido con la misma vara. Hoy, en la
Argentina, esa venda parece haberse caído, y la balanza se inclina
peligrosamente hacia la impunidad.
Muchos nos preguntamos cuál es el verdadero origen
de nuestros males recurrentes. Se habla de economía, de política y de modelos
de país, pero todo se reduce a un mismo cimiento: la falta de Justicia. Si
tuviéramos un sistema judicial firme, creíble y verdaderamente igualitario,
gran parte de los problemas estructurales de la Argentina empezarían a
ordenarse solos. Cuando la ley funciona, el que roba devuelve, el que corrompe
paga y el ciudadano común siente que su esfuerzo vale la pena.
Sin embargo, la realidad nos golpea con decisiones
que dinamitan la confianza pública. Resulta casi imposible explicarle a un
trabajador honesto que debe creer en las instituciones cuando ve que la propia
Justicia autoriza a Roberto Baratta —exsubsecretario de Coordinación,
mano derecha de Julio De Vido, ya condenado por corrupción en la compra
de gas licuado y hoy sentado en el banquillo del juicio oral de los Cuadernos
junto a la propia Cristina Fernández de Kirchner— a tomarse vacaciones
familiares en las playas de Brasil para pasar las fiestas de fin de año. Todo
esto ocurre mientras enfrenta embargos multimillonarios sin cubrir y
procesamientos por enriquecimiento ilícito en los que se lo acusa de haber
utilizado a su propia madre y a su pareja como testaferros para ocultar bienes.
El mensaje que baja desde los tribunales es
desolador. Mientras a millones de argentinos les cuesta llegar a fin de mes,
quienes están acusados de haber sido piezas centrales en la recaudación ilegal
de fondos del Estado reciben permisos especiales para brindar frente al mar. No
se trata solo de un tecnicismo procesal o de evaluar si existe "riesgo de
fuga"; se trata del sentido común, de la sensibilidad social y de la
ejemplaridad que los jueces parecen haber olvidado.
Sin una Justicia que recupere su prestigio y su
rigor, la desconfianza seguirá ganando la calle. Porque cuando el ciudadano
deja de creer en el árbitro, el juego entero pierde sentido.
"Imaginemos
por un segundo lo que significaría para el país ver a Roberto Baratta y a los
principales responsables de la corrupción cumpliendo condenas efectivas de 25
años en una cárcel de Tierra del Fuego. Ese sería el verdadero punto de
inflexión: el ejemplo definitivo para que nunca más ningún funcionario se anime
a tocar lo que no le corresponde."
“Alguien
se puso a pensar si hay relación en esto, una condena de 6 años a un joven
adicto (enfermo) a quien le encuentran 20 gramos de cocaína para su consumo en su bolsillo a
una condena de 6 años por robarse $684.990.350.139,86"




