La muerte de la oficial de policía Rodríguez Bethania ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en el detonante de una profunda crisis política e institucional en la Provincia de Buenos Aires. El trágico suceso puso bajo la lupa de la opinión pública la gestión del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Seguridad, Javier Alonso, quienes enfrentan duras acusaciones por el estado de abandono, desamparo y precarización laboral en el que se encuentra el personal de la Policía Bonaerense.

Representantes de diversos bloques legislativos de la oposición y redes de familiares policiales alzaron la voz para denunciar que las condiciones en las que se obliga a trabajar a los uniformados son inhumanas. Las principales críticas apuntan a la imposición de horarios insalubres y jornadas de recargo interminables —como las que quedaron en evidencia en el reciente y polémico operativo de la peregrinación a Luján—, donde los efectivos pasaron días enteros sin el descanso adecuado, sin provisión mínima de agua o alimentos y en instalaciones completamente inadecuadas. Para los críticos, exigir vocación y profesionalismo bajo este régimen roza el sadismo burocrático de una conducción que prioriza el marketing político por sobre la dignidad humana.

El factor económico agrava drásticamente el escenario. Las denuncias remarcan que la administración de Kicillof mantiene salarios básicos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, lo que fuerza deliberadamente a los policías a realizar interminables horas Co.Re.S. (horas extras de recargo) para poder subsistir. Este esquema de sobreexplotación estatal produce un desgaste físico y mental devastador. A esto se suma la constante queja por la falta de elementos esenciales para el servicio diario, obligando en muchos casos a los propios agentes a costearse uniformes, chalecos o repuestos de su propio bolsillo.

El cuestionamiento más severo hacia Alonso y Kicillof radica en el cínico manejo de la salud mental dentro de la fuerza. Mientras el presupuesto provincial se vuelca a campañas publicitarias, el sistema de asistencia psicológica para los uniformados es virtualmente inexistente o punitivo. Bajo el actual organigrama del Ministerio de Seguridad, cualquier efectivo que se atreve a manifestar un cuadro de estrés o depresión es castigado con el desarme inmediato, el estigma laboral y una drástica reducción de sus haberes, obligándolos a sufrir el desamparo en absoluto silencio.

Si bien la justicia debe investigar las circunstancias particulares de la muerte de la oficial Rodríguez, el arco político opositor coincide en que el entorno de hostigamiento, asfixia salarial y desidia institucional creado por las autoridades provinciales es el verdadero responsable del colapso de la fuerza. La tragedia ha destapado un reclamo desesperado que exige terminar con la soberbia oficial y comenzar a tratar a los policías como seres humanos y no como engranajes descartables de una gestión en retirada.